Administrativo

Se trata de un procedimiento empleado exclusivamente por las administraciones públicas cuando pretenden recuperar la posesión de sus propiedades demaniales (art. 58 Ley 33/2003). Cabe diferenciar estos bienes de carácter demanial (bien de dominio público), de los bienes patrimoniales (conjunto de bienes no destinados al uso general). Infórmate bien de las leyes específicas sobre okupación de la administración propietaria del espacio, sea ésta el estado, las comunidades autónomas o entes locales.

El procedimiento administrativo está amparado por la Ley 33/2003 LPAP y regulado por la Ley 39/2015 PAC. Sigue unos trámites muy parecidos a responder cualquier multa. Se trata de probar el uso legítimo por parte de lxs usuarixs de un espacio de propiedad pública que se encontraba en situación de abandono y/o especulación.

En el proceso administrativo no interviene ningún juzgado, por esta razón no es necesario designar abogadx. Cualquier administración pública puede firmar la orden de desalojo que afecta a su propiedad sin necesidad que un juez lo autorice. Aunque para ejecutar esa orden de desalojo, sí es necesario una orden de entrada al espacio okupado firmada por el juzgado (art. 59.4 Ley 33/2003 en relación a los arts. 99 y 100.3 Ley 39/2015 y 18.2 CE). De la misma manera, la vía administrativa obliga a que el desalojo sea comunicado por escrito a lxs ocupantes (art. 40 Ley 39/2015). Estos procesos pueden recurrirse, en última instancia, en el juzgado del contencioso-administrativo para lo que sí es necesario un abogado. El asesoramiento de uno de ellos y el conocimiento de otras experiencias serán de gran ayuda.

A la hora de preparar la defensa debemos disponer del máximo de información. Es importante conseguir una copia del expediente y hacerse valer como parte interesada. Si la administración ignora la identidad de las personas de la casa llevará adelante las acciones contra “los ignorados ocupantes”. Por otro lado, toda persona que aparezca como parte en un proceso administrativo tendrá derecho a una copia del expediente (art. 53.1a Ley 39/2015), a ser notificada (art. 40 Ley 39/2015) y a presentar alegaciones (art. 53.1e Ley 39/2015). En caso que la administración no facilite la copia o no notifique, puede presentarse un acta de comparecencia en la que se solicite la documentación. Si aún así no permitiera el acceso al expediente estará creando una situación de indefensión a la persona identificada y es motivo para instar a que se declare el procedimiento nulo (art. 47.1a y 47.2 Ley 39/2015 en relación al art. 14 CE).

El proceso paso a paso

Notificación

La administración correspondiente abre un expediente de desahucio administrativo. Contra el mismo puede interponerse un recurso en el plazo de 10-15 días (art. 82 Ley 39/2015). El inicio del procedimiento puede ser notificado tanto directamente a las personas ocupantes como que aparezca publicado en el boletín oficial oportuno (BOP, DOGC, BOE, etc).

Se notifica el expediente de desahucio en la dirección de la finca okupada. Si no consiguieran entregarlo a ninguna persona podrían colgarlo en la puerta o en el tablón de edictos de la administración (art. 44 Ley 39/2015). Se solicita copia del expediente con carácter de urgencia. En principio en la vía administrativa las fotocopias se tienen que pagar. Se inicia un período de alegaciones a las cuales podrán contestar las personas perjudicadas. Se expone todo aquello que puede utilizarse en defensa del espacio okupado. Se manifestará si se vive o no en la casa, el tipo de proyecto que es, el apoyo del vecindario y asociaciones, las reformas realizadas, el estado de abandono, etc. Se aportará, si la hubiera, la prueba documental (fotografías, dossier de actividades, firmas de apoyo, etc) y la prueba testifical (declaraciones escritas de usuarixs del espacio, de vecinxs, etc). Se debe poner de manifiesto si existe alguna carencia en el expediente. En este recurso puede incluirse también la solicitud de suspensión del procedimiento (art. 117.3 Ley 39/2015), conforme la cual si la administración no resuelve la petición antes de 30 días la ejecución se suspenderá.

Una vez resuelto el recurso en tiempo y forma (esto es, dentro de los plazos y conforme lo establecido por la ley), y si es contrario a nuestros intereses, seguramente notificarán el decreto de desalojo con un plazo máximo de 8 días para llevarlo a cabo (art. 59.3 Ley 33/2003). Al responder al recurso la administración debe resolver sobre cada uno de los puntos que se han planteado (art. 21 Ley 39/2015).

Contra el decreto de desalojo podemos interponer recurso administrativo pidiendo la suspensión de la orden de ejecución. Disponen de un mes de plazo para resolver (art. 117.3 Ley 39/2015). En la vía administrativa puede asimismo interponerse recurso de alzada (arts. 112.1, 121 y 122 Ley 39/2015) alegando y solicitando siempre la suspensión (art. 117.3 Ley 39/2015). Si es rechazado puede presentarse recurso de reposición (arts. 123 y 124 Ley 39/2015). Y si éste es desestimado puede presentarse, dentro de los 4 años siguientes, el recurso extraordinario de revisión (art. 113 Ley 39/2015), cuando existan graves errores documentales como la falta de informes o inscripciones. Como última opción puede interponerse recurso ante el juzgado contencioso-administrativo (Ley 29/1998), donde sí es necesaria la representación de un abogado. Si las resoluciones son contrarias y se mantiene firme la orden de desalojo, deben dar un plazo razonable para recoger los enseres.

Aunque la administración tenga la potestad para desalojar por sí misma (autotutela), debería entrar en el inmueble para llevar a cabo el desalojo, por lo tanto invadir el espacio okupado, lo que supone la supresión de derechos fundamentales como son el de intimidad (Art. 18.1 CE) y el de inviolabilidad de domicilio (Art. 18.2 CE), por lo que la entrada al inmueble debe estar autorizada por un juez (art. 59.4 Ley 33/2003 en relación a los arts. 99 y 100.3 Ley 39/2015). Ante nuevas diligencias abiertas judicialmente trataremos de oponernos.

En cualquier caso, cuanto más tiempo pasa, más derechos consolidan lxs ocupantes y por tanto, más requisitos tienen que cumplir las administraciones para echarlos

Frentes de defensa

Los hechos

Exponer la situación y defender en todo momento una versión de lo sucedido.

El procedimiento

Supervisar como transcurre el proceso para comprobar si se respeta escrupulosamente lo establecido por ley. Cualquier error de la administración tales como la no notificación, que no resuelvan aquello que se ha planteado, que no permitan tener acceso al expediente… siempre genera indefensión. La ley administrativa prevee que cuando se vulnera un precepto constitucional todo el procedimiento es nulo de pleno derecho (art. 47.1a y 47.2 Ley 39/2015 en relación al art. 14 CE).

Pedir explicaciones

Al recibir una notificación detectar quién es el funcionario, departamento y/o cargo político responsable (art. 53.1b Ley 39/2015). Podemos así complementar la acción burocrática pidiendo una entrevista o presentándonos allí directamente para plantear la situación en persona, preferiblemente en grupo.

Autogestión de la defensa

Es fundamental contar con apoyo social. Preparad una campaña de denuncia pública de la situación, tratando por ejemplo, la dificultad de acceso a la vivienda, la especulación inmobiliaria y la gentrificación. Dad a conocer también el proyecto y la rehabilitación del espacio.

En los procesos administrativos resulta efectivo presentar pruebas del estado de abandono del inmueble, declaraciones de personalidades, un dossier del estado de la casa del día en que se okupó y los informes de mejoras hechas al edificio, así como en caso de centro social un dossier con las actividades realizadas. Tratando de exigir a la administración que justifique la utilidad que quiere dar al inmueble y poniendo de manifiesto el carácter antisocial del abandono de fincas (Art. 47 CE).

Cuanto más informadxs estemos del tema, más tranquilidad a la hora de saber a qué nos atenemos y qué podemos hacer para conducirlo.

Prueba documental

Entregar pliegos de firmas, declaraciones de vecinxs, entidades o personalidades varias (escritorxs, profesorxs, o alguien renombrable que esté dispuestx a hacerlo). Un dossier con el estado de la casa cuando se entró y los trabajos de mejora que se han hecho desde que está okupada con fotografías del antes y después de la casa. Noticias en periódicos y cartas para certificar la fecha de entrada. Un informe, si es posible antes y después, de algún colectivo solidario de arquitectxs con el precio estimable de las mejoras. Un inventario de material que se ha adquirido para las mejoras, preferiblemente con facturas nominales (ferretería, pinturas, suministros eléctricos, cerámicas…). Un inventario de horas de trabajo invertidas en la casa (desglosando por ejemplo, puerta de entrada: reforzar, cerradura…). Así como, en el caso de centro social, un dossier con todas las actividades sociales que se han realizado.

Prueba testifical

Vecinxs, representantes de asociaciones del barrio o personalidades varias dispuestas a declarar a favor.

Otras situaciones

  • Que la administración propietaria contemple en sus ordenanzas la posibilidad de firmar una orden de desalojo durante las primeras 48 horas de okupación, con una orden firmada por un responsable político. En estos casos deben enviar a su propia policía. En caso de ser propietario el ayuntamiento sería la guardia urbana, legalmente, la encargada. En cualquier caso, nuestra defensa pasa por exigir siempre la orden judicial de entrada (art. 99 Ley 39/2015 y art. 59 Ley 33/2003). Al tratarse de ordenanzas municipales se dan todo tipo de excepciones.
  • Que los trámites para el desalojo se inicien dentro del primer año de okupación, una vez pasado este tiempo ya no es competencia administrativa sino judicial. Infórmate bien de las leyes específicas sobre okupación de la administración propietaria del espacio.