Civil

El proceso civil puede ser verbal u ordinario. El primero corresponde más o menos en lo penal a lo que es un proceso por delito leve (falta), mientras que el segundo a un proceso por delito. Todos los procedimientos civiles se inician mediante demanda y están regulados por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Juicio Verbal (arts. 250, 437 y ss. LEC) es el que se sigue para tramitar demandas de:

  • Recuperar la posesión de una finca cedida en precario
  • Desahucio por falta de pago de la renta o por fin de contrato
  • Efectividad de un derecho real inscrito

El proceso lo inician los propietarios interponiendo una demanda judicial en la que solicitan que se les devuelva la posesión del inmueble. Esto quiere decir que se juzgan unos hechos concretos: vuestra estancia sin contrato en la casa. El juzgado correspondiente, es decir el Juzgado de Primera Instancia, tiene que determinar cual de las partes tiene la razón en el hecho concreto que se intenta solucionar. En un principio es un proceso que tiene todos los pasos establecidos, hay pocas sorpresas y tiene la relativa tranquilidad de que no es posible el desalojo hasta que haya una sentencia que determine una fecha. Casi es imposible ganar este tipo de juicios -únicamente puedes oponerte si la demanda ha estado mal redactada, las actuaciones procesales han sido incorrectas, etc (art. 439 LEC), aunque son posibilidades remotas- pero hay cierta garantía de tranquilidad mientras dura todo el proceso. Así mismo, el desalojo, con fecha, ha de ser comunicado a les ocupantes (arts. 158, 161 y 704 LEC) .

El proceso paso a paso

Notificación

El primer aviso que llegará de juzgados será mediante los agentes judiciales (SACC-Servicio de Actas de Comunicación Civil) que se presentarán en el domicilio con copia de la demanda. Si no encuentran a nadie dejarán un aviso indicando cuándo y dónde se puede recoger la copia de la demanda o cuándo pasarán de nuevo. Si nadie la recogiera, devuelven la demanda al juzgado correspondiente para comenzar el proceso que irá dirigido contra los “ignorados ocupantes”.

Lo más oportuno sería tener acceso a la demanda sin necesidad de que alguien se identifique. Por ello, recoger los papeles cuando se presenta el agente judicial es preferible ya que, aunque piden un nombre, no pueden exigir que se les muestre la identificación. Eso nos permite conocer las intenciones del demandante. Si se nos ha pasado esa oportunidad, cabría ir al SACC e identificarse para conseguir la copia y más adelante al juzgado de primera instancia encargado e identificarse como habitante de la casa o usuarie del centro social. A partir de ese momento se es parte demandada en el proceso, toca ahora solicitar abogado y procurador de oficio en el servicio de tramitación de justicia gratuita, para lo que nos dan un plazo de 3 días. Desde el colegio de abogados solicitarán al juzgado que se suspenda el procedimiento mientras tramitan la designación de un/a abogado (art. 16 Ley 1/1996). Ahora tenemos un plazo de 10 días para responder a la demanda, presentando un escrito con nuestros argumentos y los que pueda aportar el abogado designado. Cabe remarcar que estos plazos de 3 y 10 días en la práctica pueden extenderse.

Juicio oral: Prueba y conclusiones

Después de la demanda, mediante una citación se convoca a las partes a juicio, donde el demandado contesta oralmente la demanda, usando las defensas (alegaciones y pruebas) que crea oportunas. Debemos valernos de todas las pruebas de las que dispongamos, aunque no garantice que se gane el proceso (art. 299 LEC).

  • Prueba documental: Entregar pliegos de firmas, declaraciones de vecines, entidades o personalidades varias (escritores, profesores, o alguien renombrable que esté dispueste a hacerlo). Un dossier con el estado de la casa cuando se entró y los trabajos de mejora que se han hecho desde que está okupada con fotografías del antes y después de la casa. Periódicos y cartas para certificar la fecha de entrada. Un informe, si es posible antes y después, de algún colectivo solidario de arquitectos con el precio estimable de las mejoras. Un inventario de material que se ha adquirido para las mejoras, mejor con facturas nominales (ferretería, pinturas, suministros eléctricos, cerámicas…). Un inventario de horas de trabajo invertidas en la casa (desglosando por ejemplo, puerta de entrada: reforzar, cerradura…). Así como, en el caso de centro social, un dossier con todas las actividades sociales que se han realizado.
  • Reconocimiento judicial: Que reconozca la autoridad judicial la realidad de la casa (Art. 299.1.5º LEC).
  • Prueba testifical: Vecines, representantes de asociaciones del barrio o personalidades varias dispuestas a declarar a favor.

Sentencia, recursos y cosa juzgada

Dictada la sentencia, se permite la obertura de una segunda instancia para revisarla, que tiene lugar por medio del recurso de apelación. Si se dan ciertos motivos previstos en la ley, puede haber la oportunidad de interponer contra la resolución judicial un recurso de casación o un recurso extraordinario por infracción de ley procesal, ante el TSJ que corresponda.

Después de la sentencia que suele determinar el desahucio hay un plazo de 10 días para presentar en el juzgado un anuncio de recurso a la instancia superior, la audiencia provincial, indicando los artículos en que se basa el recurso y reseñando los argumentos con los que no se está de acuerdo de la sentencia. Después de esto se tienen 30 días para presentar el recurso de apelación como tal.

Ejecución

Si no se recurre contra la sentencia o si ya se han agotado todos los recursos, la resolución judicial llega a ser firme. Cuando la sentencia de condena es firme se puede iniciar el proceso de ejecución.

Es importante señalar que desde la LEC de 2000 la mayor parte de las sentencias son ejecutadas provisionalmente, es decir, antes de que hayan adquirido firmeza, mientras se tramita un recurso en contra (arts. 524 a 537 LEC). En este caso, se abre un nuevo expediente en el mismo juzgado bajo el nombre de Ejecución de Títulos Judiciales, contra el que también puede recurrirse por vulnerar derechos fundamentales. Si la sentencia contra la que se ha recurrido es finalmente anulada, el propietario queda obligado a retornar la casa, o si eso resulta ya imposible o extramadamente difícil, a compensar los daños y perjuicios que haya causado (art. 528.2.2º LEC).

Frentes de defensa

Consentimiento

Que haya habido algún tipo de comunicado o acuerdo con la propiedad sobre la permanencia en la casa. Los arreglos llevados a cabo con permisividad de los dueños, la cooperación por parte de les ocupantes, etc. Todo tiene que ser argumentable con pruebas (cartas, correos, testigos, etc). De esa forma se puede desmontar la acusación de permanecer en su propiedad sin su consentimiento.

Uso social de la finca

La propiedad puede perder la legitimidad de la posesión (art. 33 CE) en caso que el inmueble haya estado abandonado, en desuso, ruinoso, creando insalubridad a vecines y al barrio, etc. Es importante aportar pruebas como testigos, fotos, dossier de las reparaciones realizadas en la casa, etc.

Apelación

Apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Denunciar que, a través del desalojo del inmueble se están violando derechos fundamentales, por ejemplo en caso que las personas perjudicadas tengan complicaciones graves de tipo económico, de salud u otro tipo.

Autogestión de la defensa

  • La batalla no transcurre únicamente en juzgados. Es buena idea promover una campaña de apoyo al espacio okupado, denunciar públicamente el estado de abandono en el que se encontraba y dar a conocer el proyecto.
  • Una vez la primera persona identificada disponga de abogado y procurador de oficio puede otra persona presentarse en el juzgado correspondiente e identificarse también y seguir los pasos anteriormente descritos. Puede ocurrir que el juzgado quiera designar el mismo abogado para todes les demandades, de esa forma el proceso no se suspendería. O que tengáis opción de solicitar abogado y justicia gratuita y pedir de nuevo la suspensión procesal.
  • Recomendamos leer detenidamente la demanda. A veces la demanda está mal redactada y es posible que los propietarios tengan que volver a interponerla, aunque esta posibilidad es remota. Ayuda numerar las páginas del expediente y hacer un índice para manejar el documento mejor. También subrayar todas las dudas y hacer un guión de la historia tal como se quiere relatar, después tratarlo con el/la abogado y elaborar conjuntamente los argumentos definitivos para el juicio.
  • El juicio en sí acostumbra a ser una pantomima en que siempre se le da la razón a los propietarios. Es el momento para presentar todas las pruebas posibles: el estado y tiempo de abandono, impago por parte de la propiedad de recibos de contribución urbana –agua, luz, basuras, etc- para dejar constancia que el dueño no tenía un interés en el inmueble y el grave perjuicio que eso supone para el barrio.
  • Mientras no exista una sentencia firme, contra la que no pueda recurrirse, existe toda la legitimidad para permanecer en el espacio okupado y hacer uso de la desobediencia civil ante unas leyes que se presentan injustas.

Sobre los abogados de oficio

  • Es importante no tomar a la ligera la decisión de tener un/a abogado de oficio o uno de pago. A pesar de que el trámite para el abogado de oficio permite dilatar el proceso, el colegio de abogados solicita unos requisitos, como ingresos bajos, estado de la cuenta bancaria, nóminas, tarjeta de paro, etc (art. 3 Ley 1/1996). Con los abogados de oficio es necesario estar muy al corriente de todos los escritos, tanto los que van presentando los propietarios como las resoluciones que el juez emite para poder contestar debidamente a cada una de ellas.
  • En caso de tramitar la justicia gratuita el colegio de abogados solicitará al juzgado que se aplace el proceso hasta que se designe un abogado (art. 16 Ley 1/1996). La designa puede ser favorable o desfavorable, y seguramente provisional (art. 11 RD 996/2003). Si ha sido desfavorable y no argumentada convincentemente podemos recurrir. La situación de indefensión en la que nos encontramos es argumento para paralizar la demanda.
  • Hay que tener muy claro si une misme quiere dar al abogado de oficio las directrices políticas de cómo afrontar todo el proceso. Si no, es posible que éste haga lo mínimo para cubrir el expediente y cuanto antes acabe, mejor. Recordemos que el turno de oficio es una función social que ofrece el estado de derecho para garantizar hipócritamente la defensa, ya que no nos permite defendernos a nosotres mismes. También que los abogados se apuntan a él libremente, y por último, que son mal pagados por el estado.
  • No todos los abogados son iguales. A veces ha habido sorpresas afortunadamente gratas, y es necesario tener en cuenta que es la persona con quien nos tenemos que entender. Si su actuación es escandalosamente de pasotismo (no os escucha, no quiere dar cita, no coge el teléfono, entre otros ejemplos) siempre se le puede exigir que renuncie (art. 32 Ley 1/1996), solicitar un cambio de abogado o presentar una queja en el colegio de abogados argumentando que no representa vuestros intereses conforme a ley.
  • Por otro lado, con los abogados afines se asegura un poco de experiencia, escuchan las propuestas, suelen dar facilidades en el cobro de sus servicios y seguramente se dedicarán al caso como se merece. Por contra, al no haber solicitado el beneficio de la justicia gratuita, en la sentencia podrían imponernos las costas judiciales. Otra posibilidad sería, si se cumple con los requisitos para disfrutar del beneficio de la justicia gratuita, renunciar a la designación de abogado del turno de oficio y nombrar a uno de confianza (art. 31 RD 996/2003).

Otras situaciones

Se pueden dar particularidades en los procesos civiles:

Caución

Antes del juicio y normalmente en pleitos que se rigen por la Ley Hipotecaria puede haber una vista para determinar la caución. La caución consiste en que le demandade consigne en el depósito judicial una fianza, que suele ser muy elevada, y si no lo hace no podrá oponerse a la demanda presentando pruebas y testigos (art. 440.2 LEC). Debemos recurrir contra la decisión de un juez de imponer una fianza para poder defenderse, sobre todo si hemos conseguido la declaración de Justicia Gratuita, ya que supone, entre otras, una grave discriminación por motivos económicos (Art. 14 CE). Y siempre, aún no habiendo pagado la caución, una vez llegades a juicio debemos intentar presentar las pruebas y testigos de las que dispongamos y que sean tomadas en cuenta (Art. 24 CE).

Celebración o no de la vista

A partir de la reforma LEC de 2015, le demandade en su escrito de contestación deberá pronunciarse necesariamente sobre la pertinencia de la celebración de vista. Igualmente, el demandante deberá pronunciarse sobre ello, en el plazo de 3 días desde el traslado del escrito de contestación. Si ninguna de las partes la solicitase y el tribunal no considerase procedente su celebración, dictará sentencia sin más trámites (art. 438.4 LEC).

Perjudicialidad penal

Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho presuntamente delictivo que afecte a las actuaciones y que esté siendo seguido en un juzgado de lo penal, se procederá a la suspensión del acto civil hasta su resolución en la vía penal (art. 40 LEC).

Efectividad de un derecho real inscrito (art. 41 LH)

Las principales especificidades son las siguientes:

Como requisitos de admisibilidad de la demanda, se exige que en ella:

  • Se expresen las medidas que se consideren necesarias para asegurar la eficacia de la sentencia.
  • Se señale, salvo renuncia expresa del demandante, la caución que conforme a lo previsto haya de prestar el demandado para responder de los frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios que hubiera causado y de las costas del juicio.
  • se acompañe certificación literal del registro de la propiedad que acredite expresamente la vigencia del asiento que legitima al demandante.

La oposición de le demandade sólo podrá fundarse en las siguientes causas:

  • Falsedad de la certificación del registro de la propiedad u omisión en dicha nota simple de derechos o condiciones inscritas que desvirtúen lo solicitado en la demanda.
  • Poseer le demandade la finca por contrato u otra relación jurídica directa con el último titular o titulares anteriores o en virtud de prescripción.
  • Que la finca o el derecho estén inscritos a favor de le demandade y así lo justifique presentando certificación del registro de la propiedad acreditativa de la vigencia de la inscripción.
  • No ser la finca inscrita la que efectivamente posee el demandado.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la okupación

La reforma de la LEC de 2018 (Ley 5/2018 modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) modifica el juicio oral tal como lo conocemos (250.1.4º LEC) y crea un procedimiento para que los propietarios recuperen de forma inmediata un inmueble destinado a vivienda que haya sido okupado (ocupación ni consentida ni tolerada). Podrán utilizar esta ley los propietarios particulares, las entidades sin ánimo de lucro y las administraciones públicas en caso de vivienda social. Los inmuebles deben ser vivienda, por lo que quedan excluídos los locales de negocio.

El proceso es como el del juicio verbal, con los siguientes detalles:

  • Con la demanda el demandante, puede ser propietario o tener una cesión para usar la casa, debe acompañar el documento en el que demuestra su derecho a poseer.
  • La demanda puede dirigirse contra les desconocides ocupantes de la vivienda pero debe notificarse en el inmueble por si alguien quisiera identificarse. El agente judicial del SACC (Servicio de Actas de Comunicación Civil) que notifica podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad.
  • El demandante (puede ser propietario o poseedor) puede solicitar la inmediata entrega de la vivienda, abriéndose un trámite incidental: Se pide a les ocupantes para que aporten, en el plazo de 5 días, título -contrato de alquiler o cesión, usufructo, aparcería…- que justifique su situación. Si no se aporta justificante suficiente el tribunal ordenará la inmediata entrega de la vivienda, sin que quepa recurso alguno y contra cualquiera de les ocupantes que se encontraran en ese momento en la vivienda.
  • En caso que les ocupantes den su consentimiento, el juzgado comunicará la situación de desahucio a los Servicios Sociales para que en el plazo de 7 días tomen medidas de protección.
  • Si demandade o demandades no contestan a la demanda se dictará sentencia de inmediato.
  • La oposición a la demanda sólo puede basarse en la existencia de título (contrato de alquiler, cesión, usufructo, aparcería…) o en la falta de título por parte del demandante (nota simple del registro de la propiedad y/o documento que demuestre su derecho a poseer la casa).
  • La primera sentencia permite el desahucio, si lo solicita el propietario, sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en el artículo 548 LEC.

¡Y recuerda! Cuanto más tiempo dure el proceso legal, más tiempo disfrutaremos del espacio okupado